Un año de Rajoy: Recortes en sanidad

Una de las grandes perjudicadas con los recortes ha sido la sanidad pública. Entre el paquete de medidas de ahorro que se decretaron a finales de abril, se recoge un plan de modificación del sistema sanitario con el objetivo de ahorrar unos 7.000 millones de euros. El Sistema Nacional de Salud, que según los políticos de ideología neoliberal está sobredimensionado y necesita de una reducción para sanearse, era hasta ahora uno de los que menos porcentaje del PIB consumían de Europa, circunstancia que se va a agudizar con las medidas de ahorro que vamos a explicar a continuación:

Por un lado se plantea que los pacientes paguen parte de sus prótesis ambulatorias (muletas, sillas de ruedas, etc.), además de los productos dietéticos y el transporte sanitario que no sea de urgencia (ambulancias para llevar pacientes entre hospitales). Todo esto se ha considerado como "servicios accesorios", y es por esto que el enfermo tendrá que pagar un porcentaje de los mismos, siguiendo las mismas directrices que regulen el pago farmacéutico.

El Sistema Nacional de Salud dejará de proporcionar aquellos servicios que no esté demostrado que supongan una"contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento". Es decir, que se suprimen todos aquellos tratamientos que tengan un carácter mínimamente experimental.

Desde el 1 de julio de este año se aplica el copago en los productos farmacéuticos. Además de estos productos quedan sin subvención todos aquellos fármacos que sirvan únicamente para tratar síntomas menores.

También se establece un nuevo sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados. Solo se tendrán en cuenta aquellas revisiones que supongan una reducción de más del 10% del precio industrial del medicamento.

Se excluye a los inmigrantes en situación irregular del acceso al sistema sanitario. Desde el pasado 31 de agosto las tarjetas sanitarias de las personas en esta situación se consideraron anuladas, y solo tienen acceso al sistema sanitario público en casos de enfermedad grave o accidente, aunque se garantiza la asistencia a embarazadas. También se garantiza la asistencia a los inmigrantes irregulares menores de 18 años, que tendrán el mismo trato que los españoles.

En el caso de los llamados "turistas sanitarios" (ciudadanos de otros países de la Unión Europea que vienen al nuestro a aprovechar el sistema de salud) quedan excluidos de la asistencia gratuita, salvo que puedan acreditar un tiempo de residencia en España superior a tres meses.

Los jóvenes mayores de 26 años, que pierden la cobertura de la tarjeta sanitaria de sus padres, si no han cotizado nunca a la Seguridad Social deben acreditar su falta de ingresos para tener acceso a la sanidad. Una forma de acreditarla sería inscribirse en las oficinas del INEM (que parece haberse cambiado de nombre a SEPE) como demandante de empleo.

Hasta aquí están solo los recortes anunciados por el Gobierno Central, al ser la sanidad una competencia de las CC.AA. en cada una se están aplicando diferentes medidas para ajustar los presupuestos. Por ejemplo en la Generalitat de Catalunya se han cerrado plantas enteras de hospitales, mientras en la Comunidad de Madrid se han cerrado también ambulatorios y se está proponiendo un sistema de gestión privada. Todo esto lo veremos en más profundidad en el siguiente post.